Documental de Paul Soler sobre el proyecto minero La Colosa de la Anglogold Ashanti ubicado en Cajamarca- Tolima, y la resistencia social y popular contra el mismo.
martes, 3 de abril de 2012
domingo, 1 de abril de 2012
Las razones de la minería
José Natanson *Director de Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur
Martes 28 de febrero
Una actividad en expansión mundial por cambios tecnológicos y económicos.
África, partes de Asia y América Latina viven con tensiones el boom extractivo, que cambió de métodos y alimenta un mercado voraz. De la mano de las inversiones llegan los conflictos políticos y medioambientales.
La minería atraviesa un período de auge mundial que se explica por varias razones. La primera son las innovaciones tecnológicas, que hoy permiten explotar minerales dispersos en áreas relativamente amplias, superando así el agotamiento de la tradicional explotación de veta. La segunda es la escalada de precios resultante de la voracidad de algunos países emergentes en procesos de intensa industrialización, en particular China, que hoy consume el 46 por ciento del acero, el 40 por ciento del cobre y el 50 por ciento del carbón que se produce en el mundo, lo que la ha convertido en lo que los economistas, esos virtuosos del lenguaje, definen como un monopsonio (un actor económico que logra controlar el mercado por su capacidad de consumo, algo así como un monopolio de la demanda). Además, la debacle de los mercados financieros convencionales disparada por la crisis mundial de 2008-2011 llevó a muchos especuladores a refugiarse en las materias primas, lo que también contribuyó a aumentar sus precios.
Junto con África y algunas zonas de Asia, América del Sur es una de las regiones más ricas en minerales del planeta. En los últimos años, casi todos los países han visto una expansión acelerada de la actividad. En Brasil, por ejemplo, la producción de bauxita pasó de 19,3 millones de toneladas en 2003 a 29 millones en 2010, mientras que la de hierro creció de 263,7 a 370 millones de toneladas. En Perú, que hoy lidera el ranking minero de la región, las exportaciones totales registraron en 2011 el record de 45.726 millones de dólares, lo que representó un incremento de 28 por ciento en comparación al año anterior: de ellas, el 58 por ciento son minerales. Las exportaciones mineras provenientes del Mercosur ampliado pasaron de 13 mil millones de dólares en 2003 a 42 mil millones en 2009 (todos datos de la Cepal).
El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, muy crítico con el auge de la minería y las condiciones sociales y ambientales en las que se desarrolla, distingue sin embargo diferentes realidades (“Estado compensador y nuevos extractivismos”, revista Nueva Sociedad Nº 237).
Para Gudynas, países como Perú y Colombia practican un extractivismo clásico, en el cual las empresas trasnacionales desempeñan un rol centralísimo, con escasos o nulos controles estatales, mientras que otros países han intentado esquemas más o menos articulados, más o menos efectivos, que tienden a incrementar el papel regulador al Estado y aumentar los porcentajes de apropiación de la renta minera, ya sea mediante la creación de joint ventures (contratos de riesgo compartido) entre empresas nacionales y extranjeras, como en Bolivia, donde la Korea Resource se asoció con la Corporación Minera, sea a través de la creación de empresas estatales, como en Catamarca o Santa Cruz, o vía la imposición de nuevos tributos, como las retenciones argentinas o ecuatorianas.
Gudynas aclara que nada de esto modifica la inserción subordinada en la economía mundial de los países sudamericanos, que siguen siendo “tomadores de precios” y que se han mostrado incapaces de coordinar entre sí estrategias conjuntas al estilo de las potencias petroleras reunidas en la OPEP. Al final, las pulsiones del boom minero resultan tan irresistibles como las de la soja y condenan a los países de la región a su rol de exportadores de productos con escaso valor agregado, un problema no por conocido menos real y que ha sido retratado infinidad de veces, por ejemplo, por el padre del cine boliviano, Jorge Ruiz, en un documental cuyo título lo dice todo: Un poquito de diversificación económica.
En este contexto, decir que los gobernadores cordilleranos argentinos son “gobernadores mineros” es tan correcto como afirmar que Evo Morales u Ollanta Humala son “presidentes mineros”. Todos ellos enfrentan la resistencia de las comunidades locales al desarrollo de algunos de estos proyectos, como sucedió con el plan de la empresa australiana Republic Gold Limited para invertir 59 millones de dólares en la mina de oro Amayapampa, en el suroeste de Bolivia, o con el proyecto aurífero Conga, en Perú. En Bolivia, el intento de construir una carretera para unir las regiones de Cochabamba y Beni a través del Parque del Territorio Indígena Isiboro Sécure generó el rechazo de las comunidades que lo habitan, quienes fueron ferozmente reprimidas por la policía, a punto tal que Evo Morales tuvo que cambiar medio gabinete y anunciar la suspensión del proyecto.
La significación económica que ha adquirido la minería ayuda a entender por qué líderes como Lula o Evo, que difícilmente puedan ser calificados como conservadores, insisten con ella. No tanto por la capacidad de los emprendimientos mineros de crear trabajo o articularse virtuosamente con otras actividades económicas, pues en general funcionan como enclaves bastante cerrados, pero sí por su impacto en las exportaciones, con sus cruciales efectos en la balanza comercial de economías siempre sedientas de divisas, y como vía para incrementar los recursos fiscales, a través de la apropiación de un porcentaje variable de la renta minera.
Si se mira bien, esto es lo que está sucediendo en Argentina, donde la minería contribuye a fortalecer las cuentas fiscales de provincias con entramados productivos muy frágiles, como Catamarca o La Rioja o San Juan, y a mejorar la balanza comercial: se calculan unos 4 mil millones de dólares de exportaciones mineras en 2011 y, lo que es todavía más importante, con tendencia creciente (aunque, claro, debido a cargas tributarias comparativamente más bajas que las que pesan sobre, por ejemplo, la soja). En todo caso, la minería alimenta las exportaciones en un momento en el que ha reaparecido, aunque moderada, la temible “restricción externa”, que tantos problemas ocasionó a la economía argentina en el pasado. Y no sólo aquí. En Brasil, donde el gobierno acaba de anunciar un fabuloso ajuste fiscal, la minería constituye un rubro importante de exportación (la compañía brasileña Vale Do Rio Doce es de hecho la segunda minera más importante ¡del mundo!).
Como tantas otras cosas, el debate un poco exasperante que se vive hoy en Argentina es la versión local de una tendencia más amplia. Sin meterme en la cuestión de fondo (¿contamina la minería?, ¿crea progreso o es una garantía de expoliación y atraso?), creo que vale la pena revisarlo desde un punto de vista más político.
Puede ser hasta obvio decirlo, pero en medio de una discusión estridente, en la que algunos medios insospechados de sensibilidad ambiental se han vuelto ecologistas furiosos, quizá sea necesario: los gobernadores cordilleranos que apuestan a los emprendimientos mineros acaban de ser revalidados popularmente con porcentajes en algunos casos altísimos de votos. Con todo su cianuro, José Luis Gioja se impuso, hace apenas dos meses, con casi el 70 por ciento de los sufragios. ¿Quiere decir esto que Gioja tiene razón, o que los sanjuaninos no se equivocaron al votarlo? Ciertamente no: la idea de que el pueblo siempre tiene la razón es una pavada galáctica, desmentida por la historia cientos de veces. Aparte del hecho de que “razón” significa poco en política, no prueba nada, salvo tal vez una cosa: los sanjuaninos creen que es el hombre más adecuado para manejar su provincia, lo que al menos podría invitar a los analistas porteños a preguntarnos por los motivos de esta adhesión, y a explorar con cuidado temas fundamentales pero olímpicamente obviados en el debate actual, como la relación entre minas y votos, que es la relación entre ecología y democracia.
Una pista interesante en este sentido es la sugerida por Mario Wainfeld: “la licencia social”, es decir, la aprobación de las poblaciones involucradas a través de mecanismos como plebiscitos o referéndums, como condición para la realización de los proyectos mineros. Este tipo de consultas ayudarían a generar un debate amplio acerca de las ventajas y desventajas de los emprendimientos y permitirían definir situaciones trabadas de manera democrática. El problema, me parece, surge cuando se hila más fino y se avanza en cuestiones de implementación, la primera de las cuales es el alcance. ¿Quiénes deberían votar? ¿Los habitantes de la ciudad de Famatina? ¿Los del departamento? ¿O todos los riojanos, que tras la reforma constitucional del ’94 se convirtieron en los únicos propietarios de su subsuelo? No hace falta ser Artemio López para adivinar que el resultado variaría sustancialmente.
En Argentina hay unos pocos ejemplos de consultas populares: el plebiscito por el Beagle en 1984 y, más acá en el tiempo, el rechazo cerrado (81 por ciento) de los habitantes de Esquel a un proyecto minero y la negativa de los misioneros (89 por ciento) a la construcción de la represa de Corpus Cristi. En los últimos tiempos, América latina ha construido una breve pero intensa experiencia en este sentido, aunque en general relacionada con reformas constitucionales y revocatorias presidenciales, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador. El método, en todo caso, ha sido probado, y de hecho Evo Morales sugirió una consulta popular para zanjar el diferendo de la carretera y Pepe Mujica mencionó la posibilidad de realizar un plebiscito en la disputa por la minera de Aratirí. Curiosamente, en el caso de Gualeguaychú, que la socióloga Maristella Svampa ha definido como el “símbolo de la resistencia socioambiental asamblearia”, la Asamblea de vecinos se negó siempre a aceptar la resolución vía plebiscito, como propuso en su momento el gobernador Jorge Busti. Es el problema de los métodos de la democracia institucional, por más directa que sea: quienes se someten a ellos están obligados a acatar el resultado, sea cual fuere.
jueves, 22 de marzo de 2012
El Oriente Antioqueño y su problemática energética
Por: Mónica Castañeda Gómez
Periferia Prensa Alternativa
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| Foto: Fuente Periferia Prensa Alternativa |
La región del oriente antioqueño concentra grandes fuentes de agua, por lo que ha sido elegida para la construcción de hidroeléctricas en algunos de sus municipios, generando un poco más del 30% de la energía eléctrica del país y subsidiando energía a países como Ecuador. Cuenta con seis embalses y cinco centrales hidroeléctricas (Playas, Guatapé, San Carlos, Jaguas y Calderas). Pero su protagonismo no ha sido sólo la generación de energía, sino que el desarrollo de las hidroeléctricas ha venido acompañado con una historia de conflicto y despojo en todas sus expresiones, dejando una huella de dolor y consecuencias ambientales y económicas que obligan a cambiar las formas de vida.
El agua y los demás elementos de la naturaleza han sido históricamente la fuente de vida de los seres humanos, al mismo tiempo que el negocio para muchos. Esto último se ha traducido en una explotación de la naturaleza sin precedentes y con ello en daños irreversibles y el agotamiento de la misma, pues se produce y consume a gran escala, pasando por alto que estos recursos son limitados y finitos. También ha afectado la vida de las comunidades que viven en medio de estos “recursos naturales”, llamados así desde una perspectiva mercantilista y privatizadora, provocando el desplazamiento y cambios agresivos en las dinámicas sociales de los territorios.
El capitalismo y el despojo
Esta situación se agudiza un poco más en el capitalismo, que, retomando a Harvey, sostiene una lógica de acumulación por despojo, reconociendo la naturaleza y el trabajo como fuentes de riqueza y crecimiento económico, generando nuevas formas de espacialidad y transformando los valores sociales de las comunidades y territorio en general.
Esta expresión del capitalismo y de la crisis ambiental a nivel mundial tiene lugar en casi todo el territorio colombiano con la construcción de hidroeléctricas y microcentrales, las cuales se enmarcan en la política minero-energética establecida por el gobierno nacional. Parte de esto se compartió en el Foro sobre política Minero-energética. Despojo y resistencias en Colombia, realizado los días 16, 17 y 18 de febrero en Medellín, donde habitantes de San Luis, Granada, Cocorna, Santuario y San Francisco, integrantes de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente Antioqueño –ASOPROA y de la Asociación Campesina de Antioquia -ACA, presentaron el panorama actual del oriente antioqueño y las acciones de resistencia que se construyen para hacer frente al despojo de los territorios.
En el momento, además de las centrales hidroeléctricas que se encuentran en el territorio, hay aproximadamente 75 solicitudes realizadas a CORNARE por parte de empresas como Integral S.A, HMV Ingenieros Ltda. y EMGEA, de licencias ambientales para la construcción de centrales y microcentrales hidroeléctricas, de las cuales se sospecha que alrededor de 45% han sido aprobadas.
De acuerdo a ASOPROA, los proyectos más avanzados son: Porvenir I, que consiste en la construcción de una represa en zona limítrofe de los municipios de San Luis y San Francisco, más concretamente en el sitio conocido como la “La Garrucha”, cruce de la Autopista Medellín-Bogotá y el río Samaná Norte; Porvenir II sobre el río Samaná. Lo que preocupa a los habitantes de San Francisco es que para el Porvenir I se piensa cubrir alrededor de 250.000 hectáreas, lo cual afectaría gravemente el municipio por ser una zona alta, ya que después de la inundación de varias hectáreas las aguas van humedeciendo las tierras y puede haber derrumbe.
Según el Plan de Gestión Ambiental Regional 2009-2034: “el municipio de Abejorral participa en 2 proyectos, Cocorná en 9, Concepción en 2, Carmen de Viboral en 1, El Retiro en 2, Granada en 3, La Ceja en 1, La Unión en 2, Nariño en 1, Puerto Triunfo en 1, San Carlos en 2, San Francisco en 1, Sonsón en 1, San Luís en 2, San Roque en 1, San Vicente en 1 y Santo Domingo en 1”. Es importante advertir que la proyección para el oriente son las microcentrales y no las grandes centrales, ya que su capacidad en la generación de energía (10 MG), las exime, según la ley, del pago de transferencias a los municipios.
Otros proyectos que se conocen y que tienen algún avance son Porvenir II, el cual está ubicado en los municipios de San Carlos y Puerto Nare, y utilizará las aguas del río Samaná Norte. Una central de 700 MG entre Sonsón, Nariño y Argelia, que requiere 9000 hectáreas de tierra. También están los proyectos de microcentrales en el río Tafetanes y San Matías y tres microcentrales más en todo el ducto del río Santo Domingo.
Conociendo los impactos
Este panorama de inundaciones para el oriente antioqueño preocupa a sus habitantes y los motiva a la organización y resistencia, ya que a partir de la experiencia que tienen con las centrales que están instaladas en sus territorios identifican algunos impactos y problemáticas que pueden volver o agudizarse en la región, como el cambio climático, por ejemplo. Según ASOPROA, “la pesca es la más perjudicada por los proyectos. No se consigue peces en el río Samaná, después de que más de una familia vivía de los peces que había en este río. La preocupación de los campesinos que vivimos en la frontera y de los pescadores es que se rompe la cultura campesina; nosotros lo llamamos “desarraigo cultural”. Se encarece el costo de vida porque la comida no se produce en el municipio. Hay también desplazamiento, incremento de vicios, conflictos callejeros, centros de prostitución, enfermedades por tanto personal foráneo, madresolterismo”.
Esta problemática no sólo exige atacar a las empresas, en su mayoría del sector privado, pues éstas son amparadas por las políticas nacionales y por acuerdos y planes de carácter continental, como los planes y proyectos de integración regional y los “corredores de desarrollo”. También están involucrados aquí organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial, que influyen en las directrices políticas para el uso y explotación de la naturaleza en busca del crecimiento económico y la acumulación del capital.
Para enfrentarse a esta problemática, los habitantes del oriente antioqueño identifican propuestas como el ejercicio investigativo de manera rigurosa, la articulación a nivel regional y nacional, conocer la problemática y divulgarla en diferentes medios. Se hacen, entonces, necesarias estrategias de comunicación acorde a las posibilidades que se tengan, identificar en la balanza los costos-beneficios de estos proyectos para tener argumentos que permitan defender los territorios y tener objetivos claros para los procesos de negociación cuando las empresas socialicen los proyectos. Además, reconocer que el territorio va más allá de un recurso para explotar y producir lucro para entidades externas al mismo.
viernes, 16 de marzo de 2012
Minería en Colombia: El saqueo subsidiado
Por: Daniel Grisales
Kavilando- Grupo de investigación para la transformación social.
Los planes de desarrollo minero presentados por los últimos gobiernos en Colombia así como el Código de minas, definen al Estado como un facilitador y fiscalizador de la iniciativa privada en las actividades extractivas. Bajo los principios propios de la perorata neoliberal, el Estado se auto-inhibe de disponer de sus recursos naturales, recibiendo por su explotación una ínfima parte de las astronómicas ganancias de las grandes empresas del sector –la mayoría de ellas transnacionales-.
Un estudio titulado “Cálculo del indicador económico Government Take para el sector minero en Colombia”, realizado para la Unidad de Planeación Minero Energética por la Universidad de los Andes, revela que el nivel de Government Take (GT) en el sector minero en Colombia es del 22 %, es decir que por cada 100 pesos producidos por esta industria en el país, el Estado solo recibe 22, y esto sumando todos los impuestos tanto directos como indirectos que deben pagar las empresas entre los que se encuentran además de las regalías; el impuesto a la renta, al patrimonio, industria y comercio, el IVA, el canon superficiario, entre otros. En Chile -el país latinoamericano que más beneficios tributarios le ofrece a las empresas según el ranking de libertad económica del Instituto Fraser-, el GT en el mismo sector es de 26 %.
Una de las preguntas que surge de esto, es si con lo que el Estado percibe de las empresas mineras, se alcanza a mitigar siquiera algo de los pasivos ambientales, sociales y económicos que deja una de las actividades industriales más destructivas y contaminantes, o si con esto se alcanzan a cubrir por ejemplo los gastos militares destinados a proteger los grandes proyectos mineros que se han asentado en el país en los últimos años –los 80 mil soldados destinados a cubrir la infraestructura petrolera del país nos pueden dar pistas sobre cuánto podría ser el gasto en aquel campo-.
Los estudios del economista Guillermo Rudas, revelan que el monto de las exenciones tributarias hechas a las grandes empresas mineras en el país, supera la cifra que estas pagan por regalías. Para 2009 por ejemplo las regalías ascendieron a 6.5 billones de pesos y las exenciones por lo menos a 3.5, para el 2010 el pago de regalías por parte de las empresas fue de 6.4 billones y las exenciones a estas fueron por lo menos de 9.7. Es decir que no solamente el nivel de regalías que pagan las empresas es bajo (4 % para el oro por ejemplo), sino que además lo que pagan por este concepto se les devuelve con creces vía exenciones.
Es importante resaltar que un porcentaje importante de estas exenciones habrían sido conseguidas por las empresas haciéndole trampas a la legislación del país con jugadas que van desde pasar como Responsabilidad Social Empresarial inversiones que en realidad necesitan para sus proyectos, hasta el fraccionamiento de los títulos mineros para pagar menos canon superficiario (aprovechándose del artículo 230 de la ley 685 Código de minas). Esto poniendo en cuestión a quienes para sustentar que sólo inversores privados puedan explotar los recursos, afirman que el Estado es poco eficiente debido a la corrupción propia del sector público.
No es gratis entonces que para el año 2010 y según el Ministerio de Hacienda, las compañías mineras y petroleras hubieran sido favorecidas con el 38% de los beneficios tributarios ofrecidos a las empresas en el país, específicamente de la deducción por compra de activos fijos reales productivos.
Con todo lo anterior se puede afirmar entonces que a los conocidos efectos sociales, culturales y ambientales negativos que genera la minería a gran escala y al evidente saqueo llevado a cabo por las grandes empresas mineras, se debe sumar el hecho tal vez más indignante de estarlo subsidiando.
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